Dra. Gladys Noemí Mendez
Dr. Guillermo Adrián Mendez
Contadores Públicos (U.B.A.)
Miembros de la Asociación Interamericana de Contabilidad
Páginas
AFIP Difundirá sus Estudios Económicos Sectoriales
El primer informe se refiere al sector de alimentos, que comprende a quienes poseen como actividad principal la producción y procesamientos de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, lácteos, productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón.
1° Informe: Sector alimentos: http://www.afip.gob.ar/genericos/repe ... tores%20-%20Alimentos.pdf
Facturas de Venta: Requisitos
El incumplimiento de estas disposiciones es pasible de la sanción establecida en la Ley de Procedimiento Tributario 11.683, y consiste en multas que van desde los $ 150 a los $ 2.500.
Vence el Plazo para Abonar la Tasa Anual de Sociedades por Acciones
Limitaciones a las Deducciones Impositivas para el Caso de los Automóviles
Impuesto al Valor Agregado:
Se admite la deducción del crédito fiscal hasta la suma de $ 4.200.- por cada automóvil, ya sea que se trate de compras, importaciones definitivas o locaciones (incluidas las derivadas de contratos de leasing), según lo establece el art. 12 de la Ley de IVA N° 23.349, siempre que los mismos no tengan para la empresa el carácter de bienes de cambio o constituyan el objeto principal de la actividad (alquiler, taxis, remises, viajantes de comercio y similares –es decir dirigida a aquellos sujetos que se dediquen a la comercialización de servicios para terceros, mediante una remuneración, en las condiciones y precios fijados por las empresas para las que actúan, quedando el riesgo de la operación a cargo de éstas-).
A su vez, el Decreto Reglamentario de la mencionada Ley, en su artículo 51 remite, para la definición de qué se entiende por automóvil, al articulo 5, inciso a) de la ley 24.449 (Ley de Tránsito): “automotor para el transporte de personas de hasta 8 (ocho) plazas (excluido el conductor) con 4 (cuatro) o más ruedas, y los de 3 (tres) que excedan los 1.000 (mil) kilogramos de peso”, excluyendo específicamente a aquellos destinados al transporte de enfermos –ambulancias-.
Impuesto a las Ganancias:
La Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias establece que sólo pueden deducirse para aquellos automóviles que no sean bienes de cambio, o cuya explotación no constituya el objeto principal de la actividad:
a) Las amortizaciones y pérdidas por desuso correspondientes a automóviles, y el alquiler de los mismos (incluidos los derivados de contratos de leasing) hasta la suma de $ 4.000 por unidad, por año.
b) Los gastos de combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y demás gastos de mantenimiento y funcionamiento hasta la suma global de $ 7.200 por unidad, por año (Res. Gral. AFIP 94/98), no siendo admisible, cuando se trate de sujetos que posean varios automóviles, deducir el excedente de gastos de algún vehículo que supere el tope máximo establecido por unidad, por el importe que eventualmente le falte a otro para llegar a ese tope (Nota Externa AFIP 2/99).
Caben para este impuesto idénticas consideraciones que en el caso del IVA respecto de qué vehículos se consideran automóviles y cuáles constituyen el objeto principal de la actividad.
Actualización de Datos de Empresas ante la Inspección General de Justicia
Esta norma estableció que las sociedades comerciales, extranjeras y binacionales, así como asociaciones civiles y fundaciones deberán presentar una declaración jurada con la actualización de la información empresarial, informando el domicilio, las autoridades, el último balance presentado y la última tasa anual pagada.
Las disposiciones deben cumplirse de acuerdo al siguiente esquema de vencimiento:
Asociaciones civiles y fundaciones: Hasta el 1 de octubre próximo.
Sociedades binacionales y entidades extranjeras: Hasta el 5 de noviembre próximo.
Demás sociedades comerciales: Hasta el 3 de diciembre próximo.
AFIP: Embargos de Bienes y Cuentas Bancarias
En primer término, en el respectivo escrito de interposición de la demanda, se debe solicitar al juez que ordene la traba de embargo general de fondos y valores.
Una vez obtenido el aval del juez, el fisco debe diligenciar las medidas cautelares sobre cuentas bancarias y, en su caso, sobre créditos que el contribuyente tenga a su favor con otras empresas o instituciones, dentro de las siguientes 72 horas. Si las cautelares no son autorizadas por el magistrado o son insuficientes, se solicitará al juez que ordene la traba de otras medidas. En general se priorizará la traba de embargo sobre bienes registrables, preferentemente inmuebles y la designación de interventor recaudador, cuando la actividad que cumpla el ejecutado permita, por sus características, la captación de fondos en forma regular y suficiente.
Cuando se desconozcan bienes susceptibles de embargo o los conocidos fueren insuficientes, el fisco deberá requerir al juez de la causa que ordene la inhibición general de bienes del demandado.
El levantamiento de medidas cautelares deberá ser ordenado por el juez previa verificación del íntegro y efectivo pago de las sumas reclamadas, sus accesorios y costas.
Operativos de Fiscalización a Monotributistas
-consumo de energía eléctrica,
-contrato de locación,
-metros afectados a la actividad,
-facturación anual,
necesarios para determinar el correcto encuadre frente a sus obligaciones tributarias, la cual será recogida por los inspectores en el plazo de diez días.
El procedimiento consiste en la notificación personal a cada contribuyente respecto de la información que la AFIP posee sobre presuntas irregularidades en la categorización.
A partir de allí, el monotributista tendrá la oportunidad de justificar tal situación, o reconocer su verdadera situación recategorizándose o inscribiéndose espontáneamente en el Régimen General, con los beneficios que para el primer supuesto supone en materia de eximición de la sanción prevista por la ley, que asciende al 50% del impuesto que le hubiere correspondido ingresar.
En caso de que el contribuyente no regularice la situación, la AFIP iniciará los procedimientos previstos de recategorización o exclusión del régimen de oficio, conforme a las disposiciones de la Resolución General 2847/2010, que reglamentó el procedimiento establecido por la Ley 26.565.